Los delitos contra las relaciones familiares se encuentran regulados en el Título XII del Código Penal español (arts. 217 a 233). Su finalidad es proteger el núcleo básico de convivencia y asistencia mutua que la ley reconoce entre sus miembros, garantizando el cumplimiento de los deberes legales derivados de la filiación, el matrimonio, la tutela y otras instituciones familiares.

Dentro de esta categoría se incluyen diversas conductas que atentan contra la seguridad y estabilidad económica o moral de la familia. Entre las principales tipologías encontramos:

• Abandono de familia, menores o personas con discapacidad necesitadas de especial protección, que incluye el incumplimiento grave y reiterado de las obligaciones legales de asistencia económica a los descendientes, ascendientes o cónyuge.

• Impago de prestaciones económicas establecidas judicialmente, que consiste en dejar de abonar, durante dos meses consecutivos o cuatro no consecutivos, pensiones de alimentos, compensatorias u otras prestaciones fijadas en resolución judicial o convenio aprobado judicialmente.

• Sustracción de menores, que se produce cuando uno de los progenitores, sin causa justificada, traslada a un hijo menor de edad de su lugar de residencia o lo retiene de forma ilícita, impidiendo el ejercicio legítimo de la custodia o el régimen de visitas del otro progenitor o tutor.

• Quebrantamiento de deberes derivados de la patria potestad, tutela, guarda o acogimiento, que engloba actuaciones contrarias al interés del menor o de la persona protegida, que supongan un incumplimiento grave de las obligaciones impuestas por la ley.

Otros delitos específicos contra las relaciones familiares, como el favorecimiento de la permanencia ilegal en España de un menor sustraído por uno de sus progenitores, o el favorecimiento del incumplimiento de deberes familiares por parte de terceros.